Col·legi Oficial de Metges de Lleida

El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) ha recibido con satisfacción el paso adelante dado por el gobierno central, que ayer aprobó un Real Decreto a través del cual se regula, por primera vez en el Estado, la publicidad del juego de apuesta en línea. Desde el CCMC se ha reclamado reiteradamente la necesidad de imponer medidas estrictas, como las restricciones a este tipo de publicidad, ante la evidencia del grave impacto que tiene el juego en la salud de la población y, en particular, el fenómeno más reciente del juego de apuesta en línea, que amenaza especialmente a la salud mental de los adolescentes y jóvenes.

Entre otras medidas, el Real Decreto aprobado ayer limita la emisión audiovisual de publicidad de juego de apuesta a un horario restringido de 1 a 5 horas de la madrugada y prohíbe a las entidades deportivas firmar contratos de patrocinio con casas de apuestas que impliquen la publicidad en camisetas o equipaciones. Se prohíbe también la aparición de personas o personajes notorios en la publicidad del juego de apuesta y el uso de bonos promocionales para captar jugadores. Se introducen, además, mecanismos de control parental.

El CCMC confía en que sus aportaciones alertando de los enormes riesgos que este tipo de juego comporta para la salud pública hayan sido de utilidad a la hora de contribuir a tirar adelante la nueva normativa. Principalmente, el Documento de Posición El juego de apuesta en línea: impacto en la salud de un fenómeno emergente, publicado por el CCMC en enero de 2019, en el que, con la colaboración de los responsables de la Unidad de Juego Patológico del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge, se profundizaba en la epidemiología y en los principales factores de riesgo del juego de apuesta en línea. El CCMC remitió este documento a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados, instando a una regulación de la publicidad de esta actividad.

Por otra parte, el CCMC también apoyó el informe del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre el análisis de la presencia de publicidad de juego de apuesta en los contenidos de los principales medios audiovisuales y en las recomendaciones de imponer restricciones.

La Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), analizará en una jornada la prevención de riesgos laborales en el ejercicio de la profesión médica. La cita, constará de dos sesiones los próximos 28 y 29 de octubre.

Es necesario identificar los factores que inciden en los accidentes laborales y los que causan enfermedades profesionales, con el objetivo de tomar medidas preventivas que salvaguarden la salud de los profesionales. Durante la jornada se prestará especial atención a las repercusiones que ha tenido la COVID 19 en este aspecto, puesto que durante la pandemia hubo momentos en los que hubo que los profesionales tuvieron que realizar su actividad laboral en condiciones de inseguridad y desprotección.

Hay que tener en cuenta que numerosos estudios y evidencias científicas demuestran la existencia de numerosos riesgos que, de modo abierto o encubierto, afectan a los profesionales que prestan servicios de salud, y que las enfermedades profesionales del personal de salud son más frecuentes de lo que se conoce. Igualmente, se estudiará la importancia de adquirir conocimientos sobre los elementos de gestión en materia de prevención de riesgos laborales.

En la jornada participarán, entre otros, la Dra. Asunción Meléndez Rondón, vocal de AAPP del COM Sevilla; la Dra. Montserrat García Gómez. Jefa de Área de Salud Laboral. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Dra. María Reyes Rodríguez Tapioles, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada y vocal de AAPP del ICOM Granada.

Así lo ha determinado la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos después de elaborar un informe sobre las tesis negacionistas a propósito de la pandemia COVID19.

El texto incide en que la profesión médica tiene el compromiso con la sociedad, por un lado de racionalidad dirigida a la mejora constante de la calidad y de las condiciones de la atención sanitaria que presta y por otro de intransigencia con los comportamientos no éticos o cómplices por omisión de acciones intolerables como lo que está ocurriendo y previstas en el Código de Deontología Médica.

Es preciso volver a recordar que el código es de cumplimiento obligatorio para todos los médicos colegiados y que periódicamente renueva el consenso mayoritario de toda la profesión. Por lo cual, todo médico dentro de una actividad médica debe someterse a las normas de práctica clínica, basadas en el método científico, la adecuada relación médico-paciente y con arreglo a la deontología profesional.

El informe hace hincapié en que la dificultad de establecer un conocimiento exacto sobre los diversos aspectos relativos a la enfermedad COVID 19 obliga a la máxima prudencia de opinión y acción a los médicos que actúan directamente en la atención a pacientes, en la prevención del contagio en la población sana, y a aquellos médicos con responsabilidad social, bien por considerarse líderes de opinión (redes sociales…), bien por tener responsabilidades sanitarias o políticas en relación a la pandemia.

Las actuaciones de los médicos que contradicen los conocimientos sustentados en medicina con base científica en relación a la epidemia COVID19 ponen en riesgo no solamente a los pacientes que puedan atender directamente, sino también a los colectivos inmediatos (familiares de los pacientes, grupos de trabajo, etc.) y a toda la sociedad.

Entre estos riesgos se encuentran:

1- Riesgo de exposición. Al emitir mensajes que desaconsejan medidas de protección contra el contagio (uso de mascarillas, etc.) exponen directamente a las personas sanas a ser contagiadas.

2- Riesgo de contagio. Aquellas personas que no sigan las pautas de protección contra exposición al virus COVID 19 tendrán una mayor tasa de contagio que las respuestas.

3- Riesgo de enfermedad. De las personas contagiadas, un porcentaje que se estima superior al 10% sufrirán la enfermedad COVID 19.

4- Riesgo de muerte. No puede olvidarse que las personas que enferman por COVID 19 tienen una tasa de letalidad superior al 2%, la cual se incrementa significativamente en determinados grupos etarios.

5- Riesgo de retraso terapéutico. La emisión de mensajes relativos a la inexistencia del virus, o a la ineficacia de determinados tratamientos puede retrasar de modo significativo terapéuticas demostradas útiles en el tratamiento de los pacientes COVID 19.

6- Riesgo de terapéutica inadecuada. Dentro de algunos colectivos médicos se está proponiendo el empleo de terapéuticas sin ninguna base científica que no solamente no se han mostrado eficaces en el tratamiento de la enfermedad, sino que tampoco lo son en ninguno de los subgrupos estudiados.

7- Riesgo de terapéutica tóxica. En algunos colectivos, en los que participan médicos, se están proponiendo el empleo de sustancias tóxicas como parte de la terapéutica de la enfermedad, lo cual está significando un efecto tóxico directo sobre las personas a las que se administra.

8- Riesgo de contagio colectivo. La desatención de las medidas de protección debida a mensajes emitidos por médicos negacionistas puede tener como consecuencia la propagación de la enfermedad sobre todo debido a la emisión de mensajes públicos en los que se niega que la reunión de grandes grupos de población incrementa el riesgo de transmisión de la enfermedad infecciosa. En algunas de estas reuniones multitudinarias han participado médicos negacionistas.

El informe recoge que el ejercicio de la Medicina es un servicio basado en el conocimiento científico aplicado, en la destreza técnica y en actitudes y comportamientos éticos, cuyo mantenimiento y actualización son un deber individual del médico y un compromiso de todas las organizaciones y autoridades que intervienen en la regulación de la profesión. Por ello, ningún ciudadano sea médico o no, puede otorgarse el derecho no solo se subvertir el orden sanitario y social si además el mismo constituye en sí un atentado contra la salud pública.

Ante la aprobación, por parte del gobierno del Estado, del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) quiere poner de manifiesto lo siguiente:

  1. Lamentamos que las medidas excepcionales contenidas en el citado Real Decreto-ley no hayan sido, no ya consensuadas o negociadas con los representantes de la profesión médica y con otros agentes sociales, sino ni siquiera consultadas con los mismos y que su conocimiento se haya producido a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Consideramos que el periodo de excepcionalidad en el que nos encontramos obliga a tomar, de manera prioritaria, decisiones relacionadas con el incremento presupuestario necesario para aumentar la retribución de los profesionales y para mejorar las infraestructuras y equipamientos actuales.
  2. El CCMC se ha pronunciado desde hace años sobre la falta de médicos en algunas especialidades concretas y también en determinadas zonas del territorio, sobre todo en el ámbito rural. Consideramos que cualquier medida dirigida a aumentar el número de médicos debe venir dada por el incremento de plazas de grado y de formación MIR y, en segundo término, por una desburocratización del sistema que facilite el trabajo de los profesionales sanitarios y los libre de tareas que no son asistenciales.
  3. En cuanto a la norma aprobada, consideramos que es una decisión errónea otorgar, aunque sea de forma temporal, competencias propias de médicos especialistas a médicos que no han obtenido plaza MIR, a pesar de haber aprobado el examen. Nunca un recién titulado, esté o no en formación, puede hacer las funciones de especialista. Justamente la formación MIR, mediante la supervisión decreciente y la autonomía creciente, es el sistema vigente de especialización. La utilización de la figura prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud para la contratación de personal con fines que serían propias de un nombramiento interino y que no seguirá ningún programa formativo, además de menospreciar la situación de los MIR que sí han obtenido una plaza, corre el riesgo de convertirse en una nueva puerta de entrada a la precariedad contractual del sistema público de salud.
  4. En cuanto a los médicos extracomunitarios que tienen pendiente la homologación de títulos de médico especialista, es prioritario que el Ministerio de Sanidad agilice los expedientes pendientes y que acredite la idoneidad de los candidatos. La falta de celeridad y agilidad en el proceso de homologación es la base de un problema que no se puede solucionar con homologaciones exprés transitorias.
  5. En relación con las medidas excepcionales sobre la circulación de especialistas entre la Atención Primaria y los hospitales y viceversa a las que hace referencia la norma aprobada, entendemos que cualquier colaboración de profesionales entre niveles asistenciales debe venir dada por las necesidades concretas en el territorio y el respeto de las competencias profesionales de los mismos.
  6. Por todo ello, pedimos la retirada de Real Decreto-Ley 29/2020, de 29 de septiembre y de las medidas excepcionales que están contempladas, dado que generan confusión en las organizaciones sanitarias y los profesionales. Creemos que, ante la excepcionalidad del momento, se necesitan decisiones en la línea de lo que desde el CCMC hemos planteado recientemente en el Decálogo para la reforma del sistema de salud de Catalunya (Diez propuestas de cambio a partir de las lecciones aprendidas durante la crisis sanitaria de la COVID-19), junto con el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña (CCIC) y la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria (SCGS).

El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) ha hecho una valoración positiva del informe 30 mesures per enfortir el sistema de salut, que el pasado 21 de septiembre entregó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el Comité de Expertos para la Transformación del Sistema Público de Salud de Catalunya. El citado documento había sido encargado por el Govern de la Generalitat a este grupo formado por 29 expertos el pasado mes de julio y el resultado es una propuesta de 30 medidas para reformar el sistema sanitario que, desde el CCMC, se espera que sean asumidas como necesarias por el Govern y por las formaciones políticas del país con representación parlamentaria, una vez sean analizadas y evaluadas por la Comisión Interdepartamental para la elaboración de la agenda de transformación del sistema público de salud.

Las propuestas formuladas se agrupan en ocho bloques o pilares (resumidos en esta infografía), sobre los cuales el grupo de expertos considera que debe fundamentarse la reforma del sistema y el primero de los cuales es el de la suficiencia financiera. Otro de estos pilares principales hace referencia de manera específica al liderazgo profesional y a la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud, de implantar un verdadero reconocimiento del desarrollo profesional, de apostar por la autonomía y la capacidad de organizar su propio trabajo y de dotar al sistema de los profesionales necesarios, tanto en número como en tipo de perfil.

Destaca también la medida planteada de modernizar la gestión de los centros sanitarios, con una orientación clara hacia la eficiencia y el logro de resultados, con una mención específica a la necesidad de incrementar la autonomía de los equipos de atención primaria.

Otro de los pilares para la transformación del sistema que se plantea y que desde el CCMC se ha reclamado insistentemente es la necesidad de garantizar la integración entre los diferentes niveles asistenciales, incluidos aquéllos que pertenecen al ámbito social (especialmente, residencias y servicios de atención a la dependencia).

El riesgo de no actuar

Es un hecho que la COVID-19 está generando una presión sobre el sistema sanitario no prevista ni en Catalunya ni en el resto del Estado. Si inicialmente la pandemia sometió a los hospitales y a la atención sociosanitaria y residencial a una tensión extrema, en la actualidad esta tensión se ha trasladado a la atención primaria (con una “calma tensa” en el resto de niveles asistenciales). Una situación que ya se ha convertido en insostenible para los profesionales y para los pacientes.

En Cataluña y en el Estado es urgente planificar a corto plazo, pactar medidas con los profesionales y los gestores sanitarios y destinar recursos (Fondos Europeos). En este sentido, el CCMC considera que el documento de los expertos aporta muchas propuestas a tener en cuenta en esta dirección.

Cualquier demora en las medidas a tomar supondrá más incomprensión por parte de los pacientes y de la ciudadanía en general y generará más presión e insatisfacción en los profesionales.

Documentos previos del CCMC

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado los graves déficits que el sistema sanitario catalán arrastra desde hace años, fruto, en gran parte, de la infrafinanciación crónica. Unos déficits a pesar de los cuales el sistema ha conseguido en los últimos años unos resultados en salud razonablemente buenos, gracias, sobre todo, al esfuerzo y competencia de los profesionales. Justo después de la primera ola de la pandemia, el CCMC ya alertó de la necesidad urgente de transformar el sistema de salud de Catalunya y de alcanzar un pacto entre todas las fuerzas políticas que reconozca que ésta debe ser una prioridad absoluta en la agenda política.

Junto al Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña (CCIC) y de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria (SCGS), el CCMC elaboró y presentó en junio pasado el Decálogo para la Reforma del Sistema de Salud de Cataluña, que ha sumado múltiples adhesiones, entre las cuales las de los colegios profesionales del ámbito de la salud y la de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, que agrupa a las sociedades científicas. Este decálogo, que expone de manera breve, pero clara, las principales necesidades de transformación del sistema, fue entregado al Govern de la Generalitat, así como a todas les fuerzas políticas con representación en el Parlamento, y fue también defendido en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congrés dels Diputats por el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, actualmente también presidente del CCMC.

Por su parte, el CCMC también elaboró un documento propio, más exhaustivo (COVID-19. Lecciones aprendidas. Por una reforma del sistema de salud de Cataluña), donde propone medidas de carácter general y por ámbitos asistenciales, la mayoría de las cuales bastante concretas, para reformar el sistema sanitario y adecuarlo a las necesidades presentes y futuras.

La infección por el virus de la COVID-19 vuelve a ser considerada desde ayer como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo cuando afecta al personal sanitario. La medida, recogida en el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a Distancia (disposición adicional cuarta), se hizo pública ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recoge la petición que, desde el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC), se había formulado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a través de una carta remitida el pasado 17 de septiembre.

El nuevo marco normativo recupera, pues, la situación que había quedado derogada el pasado 10 de septiembre y considera que, desde la declaración de la pandemia internacional por parte de la OMS (11 de marzo de 2020) y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las prestaciones de Seguridad Social al personal sanitario que haya contraído el virus SARS-CoV2 en el ejercicio de su profesión (y que lo acredite debidamente) son derivadas de accidente de trabajo.

A pesar de este paso adelante, el CCMC seguirá insistiendo para que la consideración de la COVID-19 como accidente de trabajo entre el personal sanitario sea una medida provisional a la espera de las modificaciones legales que permitan incluirla en la categoría de enfermedad profesional, cosa que permitirá ofrecer una mejor cobertura a los profesionales sanitarios en cuanto a protección y seguridad.

Los colegiados y colegiadas que necesiten consultar sobre este tema o resolver dudas, pueden dirigirse a protecciocovid@comb.cat

Durante la aplicación del estado de alarma, el Gobierno central aprobó medidas dirigidas a proteger al personal sanitario. Así, mediante el Real Decreto-Ley 9/2020, de 26 de mayo, se asimiló el contagio de COVID-19 al accidente laboral para el personal sanitario, otorgando acceso a las prestaciones adicionales propias del accidente de trabajo. Esta medida debía hacerse extensiva hasta pasado un mes desde la finalización del estado de alarma, es decir, hasta el 22 de julio de 2020. El Gobierno central optó por prorrogarla de forma indefinida, a través del Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto (hay que especificar que esta norma trataba, eminentemente, sobre finanzas de los ayuntamientos, siendo la medida mencionada un añadido accesorio).

La prórroga fue efectiva hasta el pasado 10 de septiembre de 2020, fecha en que el Congreso de los Diputados decidió derogar el Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto. En otras palabras, desde el 10 de septiembre, el contagio por COVID-19 dejó de ser equiparado a una contingencia profesional, pasando, por defecto, a ser considerado una contingencia común, con las correspondientes consecuencias que este cambio comporta en cuanto a pérdida de prestaciones.

Atendiendo a este empeoramiento de las condiciones de los profesionales sanitarios, el día 17 de septiembre, el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC) y del Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós, remitió una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, reclamando una respuesta normativa a la altura de las circunstancias.

Por una parte, el CCMC trasladó al titular de Sanidad la necesidad de declarar enfermedad profesional para el personal sanitario las patologías que sean consecuencia del contagio del virus  SARS-CoV2.

Por otra parte, i atendiendo a las necesidades inmediatas del colectivo sanitario, exigió el restablecimiento del marco jurídico derogado el día 10 de septiembre, es decir, la asimilación del contagio a un accidente de trabajo (con efectos a 22 de julio de 2020 o, en todo caso, a 10 de septiembre de 2020), al considerar que es una medida necesaria y protectora a la espera de la declaración de la COVID-19 como enfermedad profesional.

Ante el presente vacío regulatorio, el CCMC ha remitido también al Ministerio de Sanidad una propuesta concreta, aplicable y perfectamente integrable en nuestro ordenamiento jurídico, que permitiría recuperar la asimilación del contagio a un accidente laboral, siempre a la espera de la declaración de la COVID-19 como enfermedad profesional para el personal sanitario, tal y como ya pidió el pasado 31 de mayo de 2020.

Los colegios profesionales catalanes conminan a las autoridades competentes a rehacer rápidamente este soporte normativo para proteger y dar seguridad, también jurídica, a todos los profesionales que traten diariamente con los pacientes afectados por el virus.

Alerta farmacèutica 2020080 relativa a les conclusions del CHMP sobre l'ús de dexametasona com a alternativa eficaç per al tractament de la COVID-19.

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