La Comisión de Deontología del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) ha elaborado el Documento de Posición El médico delante de la estrategia y el programa de vacunación frente la COVID-19, en el cual recuerdan que los médicos y médicas afrontan una responsabilidad profesional y ética delante de la sociedad en relación con la vacunación: como agentes proactivos en la estrategia de autoprotección del colectivo y también como generadores de confianza en la población. El documento también recuerda que son contrarias a la buena practica médica las conductas que puedan incluir la recomendación de no vacunar, generar dudas infundadas alrededor de la vacunación o promover desinformaciones.
Los autores insisten en la importancia de hacer pedagogía entre la ciudadanía para que sea consiente de que las vacunas que finalmente se administran para inmunizar enfrente la COVID-19 disponen de los mismos niveles de seguridad que cualquier otra vacuna usada. Dado que uno de los hechos que ha podido generar cierta desconfianza es la rapidez en la que se han desarrollado estas vacunas y la urgencia en que las agencias reguladoras las han aprobado, el documento aclara los principales motivos que han permitido acortar el tiempo de desarrollo de las vacunas.
Ver documento adjunto.
Hemos iniciado la vacunación frente a la Covid-19 con las tres vacunas que tenemos disponibles: la de Pfizer y la de Moderna que son vacunas de ARN y la de Oxford-AstraZeneca que es de virus atenuados modificados genéticamente. Todas ellas tienen la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Las tres generan una respuesta inmunitaria suficiente para que la persona pueda evitar la infección o las complicaciones.
El objetivo de la vacunación es la protección directa de la persona vacunada, pero sobre todo la inmunidad de grupo. En las residencias que han alcanzado más del 70 % de residentes vacunados han disminuido 10 veces los casos y entre los profesionales sanitarios se han reducido un 80 % de los contagios.
Para lograr la protección de grupo en el caso de la Covid-19, se ha calculado que alrededor del 70 % de la población mundial debe estar vacunada.
Los principios de la priorización y los grupos prioritarios para la campaña de vacunación están descritos en el documento "Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España. Actualización 4. Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación Covid-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del 26 de febrero de 2021".
En la figura 2, se observa el riesgo de mortalidad según las características de los pacientes:
En estos momentos la vacuna de AstraZeneca (AZ) únicamente se administra a los grupos de personas entre 18 y 55 años sin enfermedades graves. Esta limitación es por un principio de prudencia, ya que las agencias de medicamentos y la OMS no han limitado la edad. Esto, sin embargo, puede hacer que esta limitación lleve a pensar que la vacuna es peor.
Pronto se puede aprobar otra vacuna, también de virus atenuados modificados genéticamente, que será de una sola dosis con una eficacia similar a las anteriores.
Actualmente todos los esfuerzos de la campaña de vacunación están puestos en administrar todas las dosis de vacunas que hay disponibles, teniendo en cuenta los grupos priorizados y las indicaciones de cada vacuna.
Una vez vacunadas las personas que viven en residencias, el grupo de personas mayores dependientes, a sus cuidadores y los profesionales sanitarios y sociosanitarios, se están vacunando al grupo de personas de más de 79 años en los Centros de Atención Primaria.
A la vez se ha iniciado la vacunación en los hospitales de personas con trasplantes hematológicos, de órganos sólidos y las que están en diálisis. Desde puntos de vacunación especialmente creados para esta campaña, se vacuna a profesionales esenciales de menos de 55 años sin patología, para dar salida a las dosis de vacuna AZ.
El objetivo es administrar el máximo número de dosis de vacunas, de todas las vacunas que tenemos disponibles, respetando los grupos prioritarios y las indicaciones de cada vacuna, tal como determina el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del Departamento de salud. Es por ello que no se puede pedir una vacunación a la carta, ni cambiar los grupos prioritarios.
Pepi Estany Almirall
Referent de vacunas Ámbito Lleida, Pirineu y Aran
Miembro del AIFICC del consejo Asesor vacunas del Departamento de Salud
Esta campaña de sensibilización social se celebra en toda Europa por segundo año consecutivo, ya que fue el pasado 2020 cuando fue oficialmente declarada esta fecha por la Confederación de Órdenes Médicas Europeas, reiterando con este acto que la seguridad de los médicos en el trabajo es la base para una atención médica de calidad.
El COMLL ha colocado con este motivo una pancarta reivindicativa en la fachada de su sede para llamar la atención de la ciudadanía sobre las agresiones físicas y verbales que sufre el personal sanitario y sus consecuencias. La violencia contra los facultativos afecta la actividad sanitaria, la salud de la persona agredida y rompe la relación de confianza entre los médicos y los pacientes.
Las agresiones a médicos se consideran delitos, ya que desde 2017 los facultativos son reconocidos como autoridad sanitaria. Las penas que castigan los agresores oscilan entre los 3 y los 6 años de prisión, multas e indemnizaciones por la vía de responsabilidad civil.
El Colegio de Médicos de Lleida anima a sus colegiados a denunciar todas las agresiones sufridas en el ámbito profesional, tanto las de carácter verbal como las físicas. El COMLL aconseja que en caso de agresión a sus miembros lo comuniquen al Colegio para darles apoyo y asesoramiento. El pasado año 2020 el Colegio de Médicos de Lleida se registraron 2 agresiones, del total de 93 comunicados a toda Cataluña (véase PDF adjunto).
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) solicita al Ministerio de Sanidad la revisión de su estrategia de vacunación con el fin de dinamizar el ritmo de inmunización y eliminar las trabas autoimpuestas que exceden las recomendaciones de organismos como la EMA y la OMS.
Tras varias semanas desde que se inició el proceso de vacunación frente al SARS-CoV-2 en nuestro país, y puestas ya todas las esperanzas en el control y eliminación de la Covid-19 en dichas inmunizaciones, observamos que en la versión 4 del 26 de febrero de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España (Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones) del Ministerio de Sanidad, respecto de la vacuna de AstraZeneca, se indica lo siguiente:
Los ensayos clínicos de fase III realizados con esta vacuna y presentados para su autorización en la EMA, aportaban datos limitados en mayores de 55 años sobre su eficacia. Esto ha llevado a recomendar por el momento su utilización en personas entre los 18 y los 55 años de edad hasta tener datos de los ensayos clínicos pendientes de terminar.
Este argumento se sigue manteniendo, a día de hoy, por parte de las autoridades sanitarias españolas, a pesar de que tanto la Agencia Europea del Medicamento, como la OMS, no plantean ninguna limitación por edad por arriba, autorizándolas para mayores de 18 años. Tanto Alemania como Francia ya han rectificado su error inicial, ampliando su uso hasta los 65 años.
La realidad objetiva es que el ritmo de vacunación en España y otros países es muy lento, fundamentalmente por la limitación en la llegada de las vacunas, pero posiblemente también por las trabas autoimpuestas, como en este caso, movidas por un exceso de prudencia.
Desde un punto de vista de salud pública, es decir, asumiendo otras consideraciones mucho más amplias que el interés clínico individual, se ha de afirmar que todas y cada una de las vacunas aprobadas han de ser administradas para todos considerándolas “equivalentes”, en términos poblacionales.
El principal criterio para la administración de las vacunas ha de ser por ahora la edad en orden descendente, y la velocidad de vacunación se debe incrementar sustancialmente para llegar cuanto antes a las edades medias de la vida, que son las que concentran a su vez la mayor parte de los factores de riesgo para la Covid-19 grave.
Por eso no nos podemos detener en diferencias, más teóricas que reales en la práctica, entre las diferentes vacunas, generando paradojas como las que ofrece la mencionada Estrategia, que está permitiendo que se vacunen antes docentes y policías de menos de 55 años (grupo 6), que sus propios compañeros de edades superiores (grupo 8).
Si los datos observacionales o de ensayos clínicos permitiesen afirmar más adelante que alguna de las vacunas es en la práctica netamente superior, y la disponibilidad real fuera suficiente, cabe plantearse reorientar la compra futura hacia alguna de las alternativas, o considerar individualmente su uso diferenciado según criterio médico, pero en este momento, en plena pandemia, con una adquisición centralizada a nivel europeo y una cobertura vacunal menor del 5%, esa consideración es completamente estéril.
Asimismo, dispersar la estrategia de vacunación en varios frentes dudamos de que haya sido una buena elección, al saberse desde febrero de 2020 que la mortalidad se concentra de modo muy intenso en las personas mayores de 60 años, colectivo que en España supera los 12 millones de personas y para el que se precisa un ingente esfuerzo de vacunación, mediante el refuerzo de la Atención Primaria.
En este sentido el CGCOM exige que las administraciones vacunen a los médicos y médicas del ámbito privado en las mismas condiciones que a los del sector público y que ésta se produzca en todas las Comunidades Autónomas por igual, algo que constatamos, no está ocurriendo y constituye un incumplimiento del Protocolo y una clara discriminación y un evidente riesgo para la ciudadanía atendida por estos profesionales.
La peor de las vacunas es la que no se administra, y no debemos mantener unidades en las neveras mientras haya personas sin vacunar. Máxime cuando se prevé la entrada de esas dosis atrasadas de la vacuna de AstraZeneca y otras, basadas en vectores virales de características semejantes.
Por estas razones recomendamos al Ministerio de Sanidad que revise de nuevo su Estrategia de vacunación.
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), y María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, firmaron el 4 de marzo, la adhesión de la corporación al manifiesto #DóndeEstánEllas que tiene como objetivo aumentar la presencia y promover la visibilidad de las médicas como ponentes en ámbitos formativos, conferencias, debates y actos de comunicación de la corporación.
Esta firma se ha enmarcado en la Jornada “Avanzando hacia el liderazgo femenino en la profesión médica”, organizada por el CGCOM con motivo del Día Internacional de la Mujer y que ha contado con la participación de M.ª Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo, el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda y representante del Observatorio de Género y Profesión del CGCOM, quien expuso las líneas de actuación y trabajo de este Observatorio.
Con este acto, la corporación médica ha pretendido dar visibilidad a los problemas a los que se enfrentan las médicas para ocupar cargos de responsabilidad ya que, a pesar de que la tendencia en esta profesión en España se dirige hacia la feminización, este cambio de dirección no se traduce en los puestos de dirección y gerencia.
Volver a ver la Jornada.
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) no estima oportuna la creación del registro de objetores ante la proposición de Ley de regulación de la eutanasia y el suicidio asistido en nuestro país.
El CGCOM, en base a un informe emitido por al Comisión Central de Deontología de esta corporación, considera que este registro puede contravenir el derecho de no tener obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias (preservado en el artículo 16.2 de la Constitución Española), por lo que la creación de dicho registro podría ir en contra del derecho a la confidencialidad y a la no discriminación.
En este sentido la corporación pone de manifiesto que la elaboración del registro no supone un modo eficaz de conseguir las finalidades organizativas aducidas para su creación; finalidades que, por otra parte, pueden ser alcanzadas a través de otro tipo de medidas.
Asimismo, destaca que la objeción de conciencia supone el ejercicio de un derecho individual de la persona de ejercer con libertad su pensamiento y su vida en valores. La objeción es un acto personal, no cabrían expresiones de grupo o colegiadas, por tanto, la objeción de conciencia ha sido reconocida por numerosas asociaciones médicas e incluida en múltiples códigos de deontología médica, como el de la Organización Médica Colegial de España en 2011.
Desde el CGCOM se incide en la necesidad de que, una vez desarrollada una ley en la que se incluyan a los médicos como participantes en la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido, debe estar clara la posibilidad del desarrollo de una cláusula de objeción de conciencia que permita al profesional su rechazo a participar en un proceso si lo considera contrario a sus convicciones éticas, morales, o religiosas. Por tanto, en caso de objeción de conciencia sobrevenida, el objetor debería expresar formalmente su objeción y presentarlo a sus superiores.
La despenalización de la eutanasia y del suicidio médico asistido reserva a los “médicos responsables de los pacientes” y a los “médicos consultores” una colaboración necesaria e imprescindible, por lo que todos los procesos ineludibles serían susceptibles del recurso tanto de la objeción de ciencia, como a la objeción de conciencia.
Respecto al médico que desee participar en el proceso eutanásico, una vez aprobada la regulación, cabe señalar que estará amparado por las Leyes del Estado y no podrá ser sancionado deontológicamente, salvo que incumpla cualquiera de las condiciones establecidas o realice de forma errónea e incompetente el procedimiento.
No obstante, la corporación médica subraya que la eutanasia o el suicidio asistido no son el modo habitual de proceder en la práctica clínica ante las enfermedades graves terminales o incapacitantes.
Finalmente, el CGCOM señala que en todos los pacientes, también aquellos que padecen una enfermedad grave e incurable con pronóstico de vida limitado o enfermedad grave, crónica e invalidante que conlleva sufrimiento, el médico ha de descubrir la dignidad propia de la persona: todos son acreedores de respeto, atención, cuidado y protección (Artículo 5.1 CD 2011), por lo que hasta el final permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar y cuidado (Artículo 36.1 CD 2011).
Posicionamiento del CGCOM ante la Eutanasia y el Suicidio Asistido
Comunicado del CGCOM ante la aprobación del Congreso de los Diputados del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de L.O para la regulación de la Eutanasia
Dentro del programa de vacunación del personal sanitario del sector privado, y una vez realizada la primera fase de vacunación de los médicos, continuamos trabajando en una segunda fase para poder proteger al personal auxiliar sanitario a su cargo.
Los colegiados en activo que ejerzan en el sector privado (consultas profesionales y centros médicos),pueden solicitar la vacunación del personal sanitario con el que colabora. Si desea solicitar dicha vacunación, será necesario rellenar el siguiente formulario para que se pueda implementar esta actuación en los próximos días.
Para más información puede dirigirse a comll@comll.cat.
¡Vaya! No hemos podido localizar tu formulario.
El IFMiL, el Instituto de Formación Médica y Liderazgo, y el Hospital Sant Joan de Déu han diseñado conjuntamente un programa para la difusión de un nuevo perfil de formación profesional: el de ASISTENTE CLÍNICO.
Este perfil, no reconocido aquí, pero si por ejemplo en los EEUU, se dirige a personal no sanitario y se ha implantado de manera pionera en el Hospital Sant Joan de Déu.
En el programa participan tambien el Hospital SJD, el Campus Docente Sant Joan de Déu y Unión Consorcio Formación.
El curso es semipresencial con un total de 110 horas (formación y prácticas) y el inicio de la 1a edición es el próximo día 7 d'abril de 2021. Ya está abierta la inscripción.
Más información aquí.
Barcelona, 18 de febrero de 2021
Después de un año de pandemia, todo el mundo mira con esperanza las vacunas, la intervención sanitaria más efectiva que tenemos para poder llegar al control de la Covid-19. Desgraciadamente, la producción y la distribución mundiales de las vacunas para la Covid-19 son limitadas y, por tanto, irregulares y desiguales. Las barreras son muchas, incluyendo las limitaciones que pueden suponer las patentes y la falta de transferencia de conocimiento, para poder multiplicar la producción mundial.
Ante este escenario, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), con el apoyo del Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal), ha hecho público el manifiesto Vacunas: un bien público universal, en el que pide a los gobiernos y organizaciones internacionales que establezcan y apliquen los mecanismos legales que, respetando el principio básico de la propiedad intelectual, hagan posible que mejore sustancialmente la capacidad de producción y distribución de las vacunas para la Covid-19.
En este manifiesto, el CCMC apoya la Vaccine Equity Declaration impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta iniciativa hace un llamamiento a gobiernos, compañías farmacéuticas, agencias reguladoras y líderes mundiales para que unan esfuerzos para acelerar la distribución de vacunas de manera equitativa en todo el mundo, especialmente entre el personal sanitario. El CCMC pide a todas las organizaciones sanitarias (colegios profesionales, sociedades científicas, instituciones académicas y de investigación, etc.), así como a los médicos y demás profesionales de la salud, que también se adhieran a esta declaración.
Accede al manifiesto del CCMC:
